Desde la entrada en vigor de la Ley sobre los Establecimientos Financieros (LEFin) y la Ley sobre los Servicios Financieros (LSFin) el 1 de enero de 2020, el marco regulatorio suizo para los proveedores de servicios financieros ha evolucionado profundamente. Para los family offices, la pregunta clave es la siguiente: ¿en qué momento una actividad de coordinación o asesoramiento se convierte en una actividad sujeta a la FINMA?
El panorama anterior a 2020
Antes de la entrada en vigor de la LEFin, Suiza presentaba una particularidad notable: los gestores de patrimonio independientes (GPI) ejercían su actividad sin licencia prudencial específica, bajo reserva del cumplimiento de las normas antilavado de dinero. Este régimen permisivo contrastaba con la mayoría de las legislaciones europeas.
La LEFin puso fin a esta situación al instaurar un régimen de supervisión prudencial para varias categorías de proveedores, entre ellos los gestores de patrimonio en el sentido de la ley.
¿A quién afecta la LEFin?
La LEFin somete a autorización y supervisión a las entidades que, a título profesional:
- Gestionan valores patrimoniales en el marco de mandatos de gestión (decisiones de inversión por cuenta de terceros)
- Actúan como trustees, administrando un patrimonio separado en beneficio de los beneficiarios sobre la base del acto constitutivo de un trust
El criterio determinante es el poder de decisión: un gestor que toma decisiones de compra y venta por cuenta de sus clientes gestiona activos en el sentido de la LEFin. Debe obtener una autorización de la FINMA y afiliarse a un organismo de supervisión (OS) — por ejemplo OSFINcontrol (antes OSFIN) u otro OS autorizado por la FINMA.
La distinción clave: coordinación frente a gestión de activos
Un family office coordinador — que observa, informa, coordina a los proveedores y produce análisis, sin tomar decisiones de inversión por cuenta de sus mandantes — no es un gestor de patrimonio en el sentido de la LEFin. No ejerce una actividad sujeta a la FINMA.
Esta distinción es fundamental y debe reflejarse claramente en:
- El contrato de mandato (que define el perímetro de actividad)
- La comunicación con los bancos (el family office no emite órdenes de mercado en su propio nombre)
- Los poderes eventuales (limitados a la consulta, no a la disposición)
Ridger
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Lo que establece la LSFin
La LSFin se aplica a quienes prestan servicios financieros — asesoramiento en inversiones, gestión de patrimonio, ejecución de órdenes — a clientes en Suiza. Impone obligaciones de información, clasificación de clientes y documentación de mandatos.
Un family office coordinador que se limita a la coordinación y el reporting no presta servicios financieros en el sentido de la LSFin. Sin embargo, si formula recomendaciones de inversión específicas y personalizadas — «compren tal valor» — puede ser considerado proveedor de asesoramiento en inversiones y quedar dentro del ámbito de la LSFin.
La frontera entre la información general y el asesoramiento personalizado es una cuestión de análisis fáctico y contextual. La prudencia es de rigor.
El papel de los organismos de supervisión
Los organismos de supervisión (OS) están autorizados y supervisados por la FINMA; se encargan de la supervisión corriente de los gestores de patrimonio y de los trustees sujetos a la LEFin. La FINMA publica su lista, que incluye OSFINcontrol (antes OSFIN). Los gestores sujetos deben afiliarse a uno de estos organismos, que realiza controles periódicos de conformidad.
Un family office que no es gestor de patrimonio en el sentido de la LEFin no está obligado a afiliarse a un OS. Ello no significa, sin embargo, la ausencia de toda obligación: las normas antilavado de dinero (LBA), la protección de datos (LPD) y las obligaciones contractuales de diligencia siguen siendo aplicables.
Los MFO de coordinación: un marco claro
Los multi family offices posicionados como coordinadores puros — entre ellos Ridger — operan en un marco regulatorio distinto del de los gestores de patrimonio. Su actividad está orientada hacia:
- El reporting y la consolidación patrimonial
- La coordinación de los intervinientes (bancos, gestores, asesores fiscales, abogados)
- El acompañamiento en gobernanza familiar
- El análisis y la supervisión de los mandatos confiados a gestores terceros
Este posicionamiento claro limita los conflictos de interés para los mandantes: el family office no toma decisiones de inversión por su cuenta.
Para cualquier pregunta sobre el marco regulatorio aplicable a su situación, se recomienda consultar a un jurista especializado. Ridger puede orientarle hacia los profesionales adecuados.